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Contratación pública más responsable

La Nueva Ley de contratación pública 9/2017, sin duda, tiene un carácter más responsable que la anterior. Esta nueva normativa surge en el marco de la agenda europea 2020 que pretende reactivar el mercado interior y promover un uso racional y eficiente de los recursos económicos públicos. Dentro de los criterios de adjudicación se valorarán aspectos sociales, medioambientales y de innovación. Además, está íntimamente vinculada a la Estrategia Española de Economía Circular [1] que actualmente se está elaborando.

Se adjudicarán contratos teniendo en cuenta fundamentalmente dos criterios: calidad-precio y coste-eficacia. Como novedades tenemos los criterios cualitativos de consideración social, medioambientales y de innovación.

Des de ASPID, como especialistas en el sector social, os describimos las características sociales que en la ejecución de los contratos van a ser criterios fundamentales:

  • Fomento de la integración social de personas con discapacidad, personas desfavorecidas o miembros de grupos vulnerables.
  • Subcontratación con Centros Especiales de Empleo o Empresas de Inserción.
  • Aplicación de planes de igualdad de género.
  • Fomento de la contratación femenina.
  • Conciliación de la vida laboral, personal y familiar.
  • Mejora de las condiciones laborales y salariales.
  • Estabilidad en el empleo.
  • Contratación de un mayor número de personas.
  • Formación y protección de la salud y la seguridad en el trabajo.
  • Aplicación de criterios éticos y de responsabilidad social.
  • Suministro o utilización de productos basados en un comercio equitativo.

Se dará prioridad a las entidades que sean de economía social, empresa de inserción, organizaciones sociales y comercio justo o aquellas que favorezcan excelentemente la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres o cuenten con más personas con discapacidad en su plantilla.

A demás, habrán criterios excluyentes que podría hacer que la oferta de la empresa sea rechazada como la aplicación de condiciones salariales inferiores a lo establecido en los convenios colectivos sectoriales, el incumplimiento o retraso reiterado de pago de salarios, la vulneración normativa internacional en materia social, laboral y ambiental o el incumplimiento de la Ley General de Discapacidad (LGD).

Desde ServiAspid estamos convencidos que esta nueva ley es una buena oportunidad para que las empresas empiecen a implantar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). También seguimos trabajando para sensibilizar al tejido empresarial con la contratación de los colectivos con Discapacidad y/o Riesgo de exclusión.

Puede consultar los servicios de nuestro Centro Especial de Empleo o bien solicitar asesoramiento para resolver cualquier consulta en materia de contratación o cumplimiento de la LGD.

 

Silvia Vilasaló Cavero

Prospectora Laboral

Àrea d’Integració Laboral d’ASPID

 

 

 

[1] http://www.mapama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/economia-circular/estrategia/

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