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El Parlamento aprueba la Ley de formación y cualificación profesional de Cataluña

El Parlamento de Cataluña ha aprobado la Ley de formación y cualificación profesional de Cataluña. Tal como ha destacado durante su presentación la consejera de Enseñanza, Irene Rigau, la nueva norma “debe permitir dar una respuesta integral a todas las necesidades de formación y cualificación profesional de las personas y de las empresas”. Añadió que “con esta ley se consolida un proyecto educativo de país y reconocemos necesidad de articular mecanismos para integrar los subsistemas de FP en Cataluña”. La consejera ha destacado el amplio apoyo del Parlamento a la ley, que se ha aprobado con “un 89% de apoyo parlamentario, y es una ley muy compleja, muy esperada, con una dificultad histórica de integrar las diferentes modalidades de formación profesional con dos culturas y dos marcos normativos diferentes “.

La titular de Educación ha asegurado que “es una ley post crisis para salir finalmente de la crisis, por eso tiene un período de aplicación muy breve -tres años- para dar dignidad a las personas como es el trabajo; sabemos que hoy en día no puede haber empleo sin formación “. En este sentido, Rigau ha remarcado que “es una herramienta valiosa para la reactivación económica que se vislumbra” y que el objetivo es que sirva “para el ascensor social, como clave de oportunidades para superar las desigualdades y para poder descubrir todos los talentos que deben poder hacer mejorar nuestra sociedad “.

Con la normativa se apuesta porque la FP en Cataluña sea una formación de prestigio, de calidad, que garantice el empleo de las personas y que sirva “para dar respuesta a la competitividad, para dar respuesta al cambio de economía que estamos viviendo, para dar respuesta a las personas que han salido de las formaciones profesionales y que no encuentran trabajo, para dar respuesta a los que han perdido el trabajo, para dar respuesta a los que tienen que cambiar de trabajo. Por tanto, es un abanico de voluntades al servicio de la promoción de las personas, de la igualdad de oportunidades y para hacer funcionar definitivamente el ascensor social en nuestro país “, ha resaltado Rigau.

Irene Rigau ha puesto en valor la integración que se refleja con la ley: “Se consolida un proyecto educativo de país y reconocemos necesidad de articular mecanismos para la integración de los subsistemas. Esta integración debe permitir la formación integral de las personas y las empresas. Con la Ley de Educación no se podían resolver estos problemas, había que este complemento “. En el mismo sentido, añadió que “ahora teníamos dos caminos, dos catálogos, dos administraciones, dos redes de centros. A partir de ahora y por primera vez formará parte de un todo y en una sola dirección. Había que dotarnos de un sistema de gobernanza “.

La nueva ley supondrá fomentar el empleo y la mejora profesional de las personas, entendiendo la formación como herramienta de progreso y como clave para la empleabilidad y la competitividad empresarial. De esta manera, el Gobierno catalán quiere avanzar hacia un nuevo modelo de FP que sitúe Cataluña en la línea de la formación europea. Por este motivo, la normativa establece aspectos clave relacionados con la integración de los subsistemas de FP actualmente existentes -FP inicial y FP para el empleo-.

Se crea un sistema para dar respuesta a los retos de futuro que supone un cambio del modelo productivo, la apuesta por una economía basada en el conocimiento, la internacionalización de los mercados y el establecimiento de los requerimientos de cualificación profesional. Es también objetivo de la ley formó como parte de la solución para calificar a los jóvenes, recalificar a los adultos e impulsar la reactivación económica.

La ley de formación y cualificación profesional de Cataluña permitirá disponer de:

  • Servicios integrados de información, orientación y asesoramiento sobre el conjunto de posibilidades del sistema.
  • Servicio regular de evaluación y acreditación de las competencias profesionales.
  • El Gobierno regulará los derechos y deberes de las personas en prácticas y aprendizaje y de las empresas que los acogen
  • Servicios de formación profesional inicial y para el empleo con:
  • Coordinación de la oferta formativa del sistema
  • Adaptación a las necesidades laborales de cada territorio partiendo del estudio de necesidades de formación y cualificación
  • Diversas modalidades para adaptarse a las necesidades de los usuarios (distancia, alternancia / dual …)
  • Mayor accesibilidad de los servicios en la red del sistema, que incluye centros de formación profesional integrada que prestan el conjunto de los servicios básicos.
  • Registro integrado de unidades de competencia.
  • Garantía de calidad y mejora continua de los servicios.
  • Creación de un plan de acreditación y cualificaciones profesionales.
  • El ciudadano podrá acreditar su experiencia profesional de manera regular y estable.
  • Evaluación periódica del conjunto del sistema.

Se determina la estructura del sistema, definiendo el organigrama que permita garantizar la integración de los dos sistemas de formación profesional. Se constituirá una comisión rectora que será el máximo órgano de planificación estratégica y de evaluación de las políticas del sistema. Esta comisión, presidida por el presidente de la Generalitat, se adscribirá al Departamento de Presidencia y la integrarán miembros de la Generalitat y agentes sociales. Se crea la Agencia Pública de Formación y Cualificación Profesional de Cataluña para dirigir, coordinar y aplicar las políticas de integración de la FP. El Consejo de Formación y Cualificación Profesional -adscrito la agencia pública- es el órgano consultivo y de participación.

Una formación integrada

La ley determina la red del sistema, integrada por centros educativos, empresas y entidades, y se crean los centros de FP integrada. Estos, ofrecerán los servicios en relación a los sectores y familias profesionales, de acuerdo con los criterios establecidos por la Agencia. Los centros combinarán las ofertas de FP inicial y FP para el empleo, dispondrán de su consejo de formación y empresa, y podrán ofrecer servicios de transferencia tecnológica a las empresas.

Se concreta el catálogo de servicios del sistema. Así, se ofrece información y orientación profesional a través del servicio individualizado a personas y empresas. Se incluye la FP inicial y la FP para el empleo, a través de la detección de las necesidades que permitan orientar las ofertas formativas, con una mayor vinculación entre formación y empresa, impulsando la formación en alternancia y dual, el emprendeduría y la innovación, y estableciendo pasarelas entre formación educativa y laboral. Finalmente, el catálogo contempla la acreditación de la experiencia laboral con un servicio integrado y uno permanente.

La ley apuesta por un modelo que garantice la calidad del sistema a través de cuatro premisas:

Mejora continua de los centros, particularmente los de formación integrada.
La innovación en la formación profesional (contenidos, itinerarios formativos, metodologías y materiales) y la formación permanente del profesorado.
Promover la aptitud para la iniciativa emprendedora (mecanismos de creación de empresas, economía social, cooperativa y el autoempleo).
Evaluación periódica por parte de la agencia pública del sistema de formación y cualificación profesional.

Actualmente, un total de 236.277 personas cursan alguna de las modalidades de formación profesional -grado medio, grado superior, PCPI-PFI, formación continua, formación ocupacional-. La previsión para el curso 2025-2026 es que la cifra sea de más de 476.000 personas. Con la nueva ley, también se prevé que la formación dual crezca de los 3.718 alumnos que actualmente la cursan, a los 45.000 alumnos el curso 25-26. En cuanto a la evaluación y acreditación de competencias, desde el 2011 hasta el 2015 la Generalitat ha convocado un total de 15.843 plazas para acreditar competencias, y con la nueva ley se prevé llegar hasta las 37.627 entre el 2016 y en 2024.

Fuente: Govern.cat

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